Temor

Partamos de la base de que generalizar es una estupidez soberana. Y además, es imposible, como reza el título de una canción de Los Planetas.
Sin embargo, es muy cierto que en el reino animal la amenaza del castigo ha servido, sirve y servirá para impedir ciertos comportamientos.
Los hombres nos hemos dotado del castigo para impedir comportamientos asociales y conductas que, a lo largo de los tiempos, se han considerado ilícitas. Con el fin de gestionar estos castigos hemos creado instituciones diversas: ejércitos, religiones, estados, tribunales.
La doctrina legal ha creado a lo largo del pasado siglo la figura de la coercibilidad, la capacidad o potestad de la autoridad para decidir qué comportamiento debe ser castigado socialmente y cómo (multas, penas de cárcel, incapacidades, ...).
Además, en los estados de derecho, las diversas constituciones afirman que es el propio pueblo, de manera democrática y a través de sus representantes en las distintas cámaras de representantes que existen, el que determina sus códigos.
De cincuenta años para acá, frente a la pura coacción, se ha llegado a la conclusión de que los individuos que comenten actos ilícitos (cualesquiera que estos sean) deben ser reinsertados en la sociedad. Se parte del principio de que alguien, cometiendo algún delito o falta, queda en deuda con la sociedad y, una vez saldada, por tanto, debería estar en las mejores condiciones para volver a integrarse.
El principio es bueno y su intención magnífica. Cabe preguntarse si no cae en la pretensión de suponer que todo aquel que haya pagado su deuda con la sociedad tiene la intención de reintegrarse. Esto debe pensarse desde un punto de vista penal, porque, con el fin de que existan las debidas garantías procesales, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Por eso, y para mantener los principios de reinserción y de inocencia procesal, el castigo debe ser grave, aunque no desproporcionado. El castigo debe infundir temor, debe ser bastante gravoso para que quien se plantee delinquir se lo piense muy mucho. Es más, con anterioridad tiene que existir una garantía total de que quien haya atacado a la sociedad va a pagar por ello, lo que supone que una serie de medios judiciales y policiales trabajan de manera rápida y eficaz. Mucho me temo que ni lo primero ni lo segundo existe en nuestro país hoy día para muchos delitos.
Están en juego, además, y por otro lado, los derechos de las víctimas que deben ser resarcidos generosamente por la sociedad.
No nos podemos permitir casos que se han producido recientemente y que todos tenemos en mente.
Otra cosa aparte es el funcionamiento de la justicia y el hecho constado de que ningún gobierno, independientemente de su signo político, tiene la más mínima intención de solucionar con dinero y empuje, además de con medidas cosméticas.