Es evidente que el paso a la democracia se dio en España de un modo ejemplar si lo contemplamos desde una perspectiva social, mirando a los ciudadanos, que en momentos de extrema complejidad se comportaron extraordinariamente.
En cuanto a la solución política de la transición, representantes de unos y otros hicieron un tremendo esfuerzo por alcanzar un consenso con el que conseguir un sistema más democrático, orientado hacia el modelo europeo. Y se consiguió.
Se consiguió a costa de dejar muchas cosas para más adelante. Y entre ellas se encontraba la regulación del derecho de expresión e información. Se derogaron los preceptos de la Ley Fraga de 1966 que estaban en evidente contradicción con la Constitución, pero no se aprovechó el momento para fijar los derechos y deberes de los periodistas y de los ciudadanos, al respecto de la información, tema de importancia crucial en una democracia. Quizás, muy piosiblemente, no fuera el momento adecuado, pero, de hecho, cada vez que se ha intentado posteriormente, el asunto se ha dado paseos en balde por las cámaras legislativas.
Ahora, con casos flagrantes en los que se han traspasado los límites, con la imagen de la profesión (o el oficio, como se prefiera) por los suelos, son muchos los que vuelven la cara hacia los códigos deontológicos.
Las reglas éticas no son de obligado cumplimiento, así es que de poco sirven en un escenario tan crudo como el de este trabajo.
También es cierto que regular el derecho a la libertad de información y expresión es asunto peliagudo en democracias que han encontrado en estas libertades su fundamento. No se puede dejar la aplicación de normas sobre estas libertadas a cualquiera, ni tampoco el juicio sobre si un medio o una comunicacón las respeta o no.
Parece que todo nos conduce a que seguiremos como estamos. No hay voluntad ni ganas de alcanzar un marco amplio, una cancha para poder moverse. El único que cuenta con la legitimidad necesaria es el Tribunal Constitucional, así es que tendremos que esperar de su lentitud que, poco a poco, pero con seguridad, vaya limando los límites de la libertad de información al respecto de la intimidad y otros derechos con los que puede colisionar.
Sin embargo, algunas circunstancias obligan a tomar cartas en este asunto, en mi modesta opinión. Por un lado, internet y la difusión global de la información hace que haya que moverse para que los periodistas empecemos a contar con técnicas específicas para este medio y unas reglas del juego adecuadas. Y esto, evidentemente en algo tan difuso y global como internet, no puede hacerse con perspectivas individuales, grupales o nacionales.
Por otro lado, el periodismo está por los suelos. Las cada vez más evidentes relaciones entre contenido y publicidad, el aborregamiento que se vive, la sangría de profesionales y el sensacionalismo piden una intervención en grupo, algo difícil en un colectivo tan anárquico.
Habría que hacer algo, pero no movidos por nostalgias, sino para lograr un sitio y que, con el hueco apropiado, cada cual pueda hacer su trabajo, sabiendo qué se le pide y qué se espera, que las sorpresas ya se encarga de ponerlas la actualidad.
lunes, 7 de diciembre de 2009
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